Por Eduardo Andere M.*
Todavía falta mucho para perfilar un programa de gobierno. Lo que tenemos son intenciones o promesas de campaña, pero esas son el mejor indicador, para tratar de predecir las primeras acciones educativas del gobierno de Peña Nieto.
Para ello me basaré en los compromisos de campaña para la educación de Peña Nieto publicados en http://www.enriquepenanieto.com/compromisos-nacionales/compromiso/mas-educacion-y-calidad-para-todos.
1. Escuelas dignas: luz, agua, baños, mobiliario, equipo e instalaciones en buen estado para las escuelas de todas las comunidades indígenas del país.
De acuerdo con estudios de factores asociados al aprendizaje medido con base en pruebas estandarizadas tipo ENLACE, EXCALE y PISA, la variable que menos impacta en el desempeño de niños y jóvenes o de sus escuelas, es la que mide las instalaciones y equipos de las escuelas. Por supuesto que todos queremos escuelas dignas y bonitas. Pero la pregunta de la política pública no es ¿qué es lo que más nos gustaría?, sino ¿cuál es la inversión de los escasos recursos públicos que acarreará los mejores resultados de aprendizaje? Obviamente, la promesa de campaña es un tema demagógico que no toca la calidad de la educación medida como aprendizaje. Primero deben atenderse temas de calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de atracción y formación de maestros.
Tampoco puede la autoridad con arrogancia hegemónica ofrecer soluciones mesiánicas. Debemos preguntar, escuela por escuela, ¿qué es lo que más necesitan, dadas sus circunstancias? Además, la forma en la que está redactado el compromiso se presta a interpretación subjetiva. Por ejemplo, ¿quién decide qué es un “buen estado”? Existen alrededor de 20 mil escuelas indígenas de educación preescolar y primaria en todo el país, y eso sin contar con otros servicios educativos que atienden a población con desventaja socioeconómica.
2. Alcanzar la cobertura universal en Educación Media Superior (EMS).
Uno supondría que la meta de este compromiso se alcanzaría al final del gobierno de Peña Nieto, es decir, 2018. La reciente reforma constitucional que establece la obligatoriedad de la educación media superior es mucho más modesta pues el Constituyente permanente le exige al gobierno una cobertura universal para el ciclo escolar 2021-2022. Ambos casos son idealistas. En el caso del compromiso de Peña Nieto tenemos el problema semántico: ¿A qué cobertura media superior se refiere la promesa? ¿Bruta, neta, con rezago, sin rezago? El legislador constitucional acotó la meta de cobertura a la de aquellos jóvenes que “teniendo la edad típica hubiera[n] concluido la educación básica”, lo que limita enormemente la población objetivo por atender. Según datos publicados por el INEE una diferencia de este tipo podría llegar al doble de matrícula. Un pequeño cambio en la definición de cobertura provoca una enorme diferencia en la producción de política pública. Pero hay otro problema, atender a la mejor población estudiantil, i.e., edad típica (15 a 17 años) y con secundaria terminada, significa no atender a la población rezagada o en condición de abandono escolar, que es precisamente la población juvenil más vulnerable. ¿Qué hará Peña Nieto, con los unos y los otros? Es todavía misterio. Pero, dado el cambio de calidad de candidato a presidente electo (formalidades cumplidas), es justo otorgarle el beneficio de la duda.
3. Más jóvenes en la universidad: aumentar al menos a 45% la cobertura en Educación Superior.
Una vez más tenemos el problema semántico de a qué cobertura se refiere Peña Nieto. La SEP maneja cuatro coberturas. También habría que considerar si se refiere a cobertura neta o bruta. La menor cobertura estimada por la SEP para 2011-2012 es 26.1 por ciento, y la mayor 29.3 por ciento. Llegar a 45 por ciento, en cualquier cobertura, en un período de seis años, suena irrealizable, a menos que la economía mexicana crezca muy por encima a las tasas que ha crecido en los últimos seis años, pues el gajo del gasto presupuestal sobre el total del gasto público es el más alto (y por mucho) de la OCDE, 20.6 por ciento, contra un promedio de dicha organización de 12.9 por ciento. La educación ya absorbe un porcentaje muy elevado del presupuesto. Y un peso más a la educación superior significa un peso menos a los otros niveles. La otra salida sería que el gobierno despoje a la educación preescolar y básica de recursos para arropar a la superior, cuando el prerrequisito de una educación superior es precisamente la educación preuniversitaria, desde la inicial hasta la media superior.
Tanto las psicología educativa como la economía resaltan la importancia de la educación en los primeros años de vida para el éxito en el resto de la vida. Hay más bien público en la educación inicial, preescolar y básica que en la educación superior. Por tanto, esta meta, parece inalcanzable, a menos que el maquillaje ocurra a través de una educación a distancia “light”.
Los niveles de cobertura en 2006-2007 para la educación superior fueron 21.4 y 24.3 por ciento para los rangos de edad extremos. Eso quiere decir que en seis años con un fuerte crecimiento en la matrícula de educación superior la cobertura sólo aumentó en 4.7 y 5 puntos respectivamente. Peña Nieto ofrece para un período de seis años un aumento de 18.9 y 15.7 puntos. Esto significaría una inversión más de tres veces superior al fuerte esfuerzo realizado en el sexenio actual. Con los compromisos constitucionales del artículo tercero para educación preescolar y media superior, con los rezagos en secundaria pero sobre todo en media superior, y con los enormes temas nacionales de pobreza, desigualdad, deterioro ambiental, e inseguridad, la pregunta es: ¿de dónde provendrán los recursos sin afectar la calidad del servicio? No es lo mismo ser candidato que ser presidente.
La educación de Peña Nieto continuará en otras entregas.
*Invesitgador de temas educativos del ITAM
http://eduardoandere.org.mx
